
Internet se ha convertido en un servicio público básico en cualquier lugar del mundo mínimamente desarrollado. Pero a diferencia del agua, electricidad o gas, los distintos estados no han tenido mayor participación en el desarrollo de redes, que estaban a la deriva de la buena o mala voluntad del sector privado.
El primer ministro de Australia, Kevin Rudd, prometió una nueva red alta velocidad en los hogares y empresas del país durante su campaña electoral. Y ahora, le llegó el tiempo de respetar su palabra. El gobierno de Canberra comenzó la construcción de una red que llevará fibra óptica al 90% del territorio.
La infraestructura del proyecto costará 23.000 millones. Si bien el sector privado participará de la inversión su porcentaje será mínimo. Luego sí, comprarán la red al gobierno. En el medio se ahorran los gastos y la flojera de administrar los 25 mil puestos de trabajo que demandará la obra. ¡Imaginen si al 5% se le ocurren formar un sindicato!
Esta futura red permitirá una velocidad máxima de 100 Megabits por segundo. Apenas el 10% del territorio no tendrá la cobertura prometida. Para esos ciudadanos, el gobierno brindará hasta 12Mbps mediante tecnología inalámbrica.
¿El Estado debe invertir en Internet o debe quedar en manos de los privados?


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